Ambos tienen parte de la razón, lo que en el fondo es lo mismo que decir que los dos están parcialmente equivocados.
El Estado apunta en la dirección correcta al promover políticas de densificación habitacional. Una ciudad más compacta reduce los costos de provisión y mantenimiento de infraestructura y servicios, a la vez que disminuye nuestros tiempos de traslado, favoreciendo con ello la caminata, el uso de la bicicleta y del transporte público. Todo esto ayuda además a reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Un barrio de densidad media y alta permite que más personas gocen directamente de su equipamiento y áreas verdes, constituyendo el entorno propicio para la instalación de comercio local, lo que a su vez atrae más gente a las calles, que por esto mismo se convierten en entornos más atractivos y seguros. El Estado también anda en buenos pasos al crear normas especiales que otorgan facilidades para la construcción de viviendas de interés social en zonas consolidadas. Al permitir mayores densidades, es posible prorratear entre más unidades el costo del suelo, lo que, al menos en teoría, abarata la construcción de vivienda en una ciudad.
Estos edificios se construyen en Estación Central. Donde está la escala humana y el espacio público? Sabían q no existe plan regulador ahí? pic.twitter.com/5B5FdvLHsO
— Claudio Orrego (@Orrego) 6 de abril de 2017
Por su parte, los vecinos también andan en lo correcto al oponerse a estas políticas y programas de densificación que por lo común no se han traducido en resultados demasiado virtuosos. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y esta no es la excepción. Aunque bien inspirada, la densificación urbana es una política que generalmente goza de una bien ganada mala fama, al menos en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas. Sin una imagen clara de lo que ésta significa, en la práctica se ha materializado en la construcción de grandes edificios que poco y nada aportan al barrio, salvo problemas como mayor congestión, ruido, zonas de sombra y un deterioro general del espacio público. Tienen razón los vecinos al oponerse a la aplicación de normas originalmente orientadas a la construcción de vivienda social, porque en la práctica estas han sido utilizadas mañosamente por las inmobiliarias para aumentar los metros cuadrados construidos sin ofrecer viviendas más accesibles a cambio.
Sí, es cierto que los vecinos tienden a actuar de manera egoísta, y que usualmente no quieren compartir con nadie más sus parques ni sus estacionamientos en la calle (como si les pertenecieran). Tampoco desean ver a nuevos niños disputando con los propios los escasos juegos infantiles que hay en la plaza, o que afuerinos les quiten la banca y la sombra del árbol donde gustan ver la vida pasar. Sí, es muy difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar los costos privados de los beneficios públicos de la densificación, sobre todo cuando estos supuestos beneficios se instalan en el terreno de la duda. Es cosa de ver los edificios construidos al amparo de la norma 26 en la Ciudad de México, cajas de zapatos verticales en que la buena arquitectura es un bien extremadamente escaso, para darse cuenta que el reclamo vecinal podrá ser egoísta, pero que no está exento de una alta cuota de razón.
En la ciudad las cosas raras veces son en blanco o negro; de hecho, las buenas políticas muy a menudo se sienten cómodas deambulando en la escala de los grises. Entre las sombras de los programas de densificación y el alto costo económico, social y ambiental de la baja densidad hay un amplio terreno en el que los vecinos y las agencias de planificación y desarrollo urbano rara vez se adentran. Gran parte del problema se origina en la carencia de una imagen deseada de ciudad. Cuando discutimos los instrumentos de planificación territorial a nivel de barrio jamás dibujamos o llevamos a maqueta los resultados proyectados. Y es que la planificación urbana se ha visto reducida y simplificada a un juego de poderes en que las armas a utilizar se limitan a una serie de códigos (norma 26, norma 30, norma 31, zona H2, H3, H4, H-n) aplicados a vastas zonas de la ciudad sin distinguir las particularidades de cada barrio, de cada calle. Urbanismo de abogados que olvida que detrás de cada norma se esconden valores como sociedad, y que esos valores siempre tienen una representación física.
En este sentido, la promoción de una ciudad más compacta puede apuntar a la creación de una sociedad más sustentable y solidaria, en que se comparte y maximiza el uso del suelo, infraestructura y servicios; sin embargo, este mismo modelo puede dar pie a la más voraz de las especulaciones inmobiliarias, donde la ganancia de unos pocos se basa en el sufrimiento de muchos.
Debemos entender que el suelo urbano es un bien escaso, y que por lo tanto tiene que ser administrado con criterios de sustentabilidad. La expansión horizontal y fragmentada nos cuesta, y mucho. De ahí a crecer indiscriminadamente hacia arriba hay un largo trecho. Ha llegado la hora de explorar este trecho; sin embargo, no queda claro que los actuales métodos e instrumentos de planificación territorial sean las herramientas más adecuadas para hacerlo.
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