La Generalitat de Catalunya, quien ha acabado aprobando la modificación del Plan General Metropolitano, ha propuesto una nueva medida por la cual el 30% de las viviendas de nueva promoción residencial y de grandes rehabilitaciones de edificios de Barcelona tendrán que destinarse a vivienda social.
Dicho cambio en la regulación se ve respaldado por la Ley del Derecho a la Vivienda del 2007, la cual ya recogía la posibilidad de hacer reservas de protección oficial dentro de la trama urbana. Amparándose en ella, el Conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, y la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, Ada Colau, han explicado que la Subcomisión de Urbanismo ha enmendado una disposición adicional que detalla el período de transición en la aplicación de esta nueva norma.